El efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública es crucial para la construcción sólida de una sociedad democrática, inclusiva, justa y transparente y la formación de una ciudadanía reflexiva y participativa. Los entornos globales profundizan las discusiones y consensos en este sentido. A su vez, se sacan a la luz los modelos institucionales de países que han optado por generar normativas nacionales que trazan rumbos para alcanzar o afianzar estas metas.
En los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Unesco, el enunciado que lleva el número 16 dice: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.”
Y entre sus metas, la número 16.9 aclara: “Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con leyes nacionales y los acuerdos internacionales.”
Nuestro país ha aprobado la Ley 27.275 y sus decretos reglamentarios, después de largos debates e intereses contrapuestos, que permite legitimar tanto esfuerzos gubernamentales como de la sociedad civil, para que la Argentina se sume a esta corriente que debe renovar los modelos jurídico-políticos de los gobiernos con el objetivo de que la ejecución de las políticas públicas puedan dar cuenta de las acciones que los respaldan y estén a la mano de cualquier ciudadano a través de un acceso a datos certeros y confiables.
¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta normativa? La administración pública nacional central y los organismos descentralizados, más una variedad de entidades de diverso carácter y procedencia institucional descritas con detalle en el decreto 70 del 2017. Más esto es su alcance y su descripción. hay otros puntos para conocer.
Por un lado, la complejidad y el alcance institucional de los estamentos gubernamentales en diversos niveles jurisdiccionales y la diversidad de usuarios que deben poder acceder, ha originado distintos espacios de discusión/acción.
Las meras normativas nacionales aprobadas no son suficientes a la hora de movilizar hacia adentro de cada sociedad la variedad de decisiones e instrumentos de aplicación que garanticen una cobertura cada vez más amplia, profunda e inclusiva, especialmente en países con administraciones descentralizadas o federales.
Cuando estos motores se ponen en marcha, especialmente en la sociedad digital actual, los agentes públicos que deben generar la aplicación certera de estas normativas se encuentran con otros dos grandes desafíos: que la información a la que hay que acceder se encuentre debidamente preservada y organizada, más allá de su soporte, y que existan los modelos tecnológicos de acceso abierto a los datos que permitan su consulta desde entornos físicos y virtuales.
Es así que los archivos públicos y la tarea de los archivistas, bibliotecarios y conservadores, comienzan a recobrar su valor político en las agendas, dada su función técnica y social, de ser parte esencial y primaria de esta gesta imprescindible para concebir y mantener administraciones transparentes y justas. No podría darse esto, sin el conjunto de los hacedores de modelos de datos abiertos y el diseño de arquitecturas de acceso a la información sin restricciones.
El desafío de contar con espacios virtuales y físicos de acceso público y con la información disponible en tiempo y forma, la formación de usuarios para saber cómo acceder, y la tarea de socializar estos derechos necesarios empezando con la escuela misma será un camino y, a la vez, una herramienta potente para la construcción de transparencia y responsabilidad pública en pos de democracias justas y concretas.
Lic.Graciela Perrone
